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Entre los vinculados a procesos judiciales, hay alcaldes, exalcaldes, secretarios de despacho, policías y otros funcionarios de diferentes entidades con presencia en este departamento, indicó el fiscal General de la Nación.
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Durante su visita a la ciudad de Pasto, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa entregó un balance en materia de resultados del ente acusador en el marco de la lucha contra la corrupción en el sector público de los departamentos de Nariño y Putumayo.

Las cifras más preocupantes las registra en departamento del Putumayo, pues el funcionario indicó que son 164 funcionarios de diferentes entidades públicas que en el momento se encuentran vinculados a procesos judiciales, por presuntos hechos de corrupción.

“Hemos vinculado a 164, entre ellas 28 alcaldes y exalcaldes, de diferentes municipios como: San Francisco, Mocoa, Puerto Asís y Villagarzón, también se han judicializado 16 secretarios de despacho, 23 policías, 26 contratistas, 30 funcionarios del estado de diferentes entidades”, destacó Barbosa.

Dentro de las menciones hechas en el comunicado de la Fiscalía, también aparece referenciado el caso del actual gobernador del Putumayo, Buanerges Rosero Peña, investigado por presuntas irregularidades en la compra de 10 ambulancias para los hospitales del departamento.

En el caso del departamento de Nariño, se indicó que las acciones de la Fiscalía, han permitido judicializar a 107 personas por diferentes delitos asociados con corrupción, durante los últimos 31 meses.

En el listado de procesados hay un alcalde y dos exalcaldes de El Charco, 3 concejales, un fiscal, un exfiscal, 2 integrantes de la Policía Nacional y otras 97 personas más entre particulares, contratistas y servidores públicos de diferentes dependencias municipales o departamentales.

“Con este balance le estamos diciendo a los ciudadanos que estamos protegiendo los recursos públicos, que estamos protegiendo al mismo tiempo la seguridad de todas las personas en la medida en que si no se protegen los recursos públicos, por supuesto que quedan las personas en una situación de vulnerabilidad social”, indicó el jefe del ente acusador.

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