La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un pronunciamiento urgente sobre el reclutamiento forzado de una menor indígena de 17 años de la comunidad Siona, según el organismo internacional, ocurrido en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.
Según la denuncia, la adolescente fue sustraída de su hogar por un grupo armado no estatal, lo que desató la condena conocida en la tarde de este martes.
A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de X, ONU-DD HH expresó su preocupación por este grave hecho, que constituye una flagrante violación de los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.
El mensaje de la ONU: liberación inmediata y justicia
En su declaración, el organismo instó a la liberación inmediata, sana y salva de menor y recordó a los grupos armados no estatales su obligación de respetar la vida e integridad de los menores de edad y de la población civil en general.
“El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes es un crimen gravísimo que condenamos categóricamente. Urgimos al Estado colombiano a tomar medidas eficaces de prevención que impidan más casos como este”, señaló ONU Derechos Humanos.
Impacto en las comunidades indígenas y la niñez
El reclutamiento forzado es una práctica que afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas en Colombia, donde las dinámicas de conflicto armado agravan la vulnerabilidad de estos territorios. La sustracción de menores no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también desestructura el tejido social de las comunidades y perpetúa ciclos de violencia y exclusión.
#Alerta Con mucha preocupación conocimos el reclutamiento forzado de la niña indígena Siona de 17 años Jhidy Loraidy Vásquez Quintero en Puerto Leguízamo, #Putumayo. Jhidy fue sacada ayer de su casa por un grupo armado no estatal 1/3 @ComisionadoPaz @petrogustavo pic.twitter.com/FWCvEG7xlO
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) November 26, 2024
Llamado a las autoridades colombianas
ONU-DD HH también hizo un llamado a las autoridades nacionales a intensificar la búsqueda urgente de la menor reclutada y pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
Además, el organismo instó al gobierno colombiano a implementar políticas públicas que prioricen la protección de la infancia, con especial atención en las comunidades indígenas, donde la ausencia estatal ha facilitado el accionar de los grupos armados.
Un caso que exige respuestas inmediatas
Este caso es un recordatorio de las profundas desigualdades y amenazas que enfrentan las comunidades indígenas en el contexto del conflicto armado colombiano.
La comunidad internacional, liderada por organismos como la ONU, ha reiterado la importancia de garantizar justicia y reparar el daño causado, no solo a las víctimas directas, sino a los pueblos indígenas como un todo.