Por Ricardo Solarte, activista mocoano

Cuando mis amigos de otras regiones preguntan por la reconstrucción de Mocoa, mi tierra natal, la respuesta es amarga: el proceso se ha convertido en una segunda tragedia, más dañina incluso que la avalancha de aquel fatídico 31 de marzo de 2017. Después de ocho largos años, algunas de las familias que perdieron su vivienda en la tragedia aún viven bajo plásticos y en construcciones inconclusas.

Todo comenzó el 1 de abril de 2017, cuando, en medio de los estragos y con el barro aún hasta las rodillas, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que Mocoa quedaría mejor que antes. En aquel momento, yo mismo, lleno de una ingenua esperanza, escribí sobre la «gran oportunidad» que la tragedia representaba para que el Estado saldara su deuda histórica con esta tierra marginada por el conflicto. Qué equivocado estaba. Para nuestra desgracia, eso no sucedió, y por el contrario, hoy estamos peor que antes: el dinero se esfumó y la gente sigue desamparada.

Han transcurrido ocho años en los que los damnificados de la tragedia son permanentemente revictimizados. El gobierno del presidente Santos entregó 300 viviendas, y ese fue el único logro hasta ahora. Vino después el gobierno de Iván Duque, en el que no se entregó una sola vivienda, a pesar de mucho ruido y pocas acciones concretas, y de la famosa «madrina de Mocoa» (Martha Lucía Ramírez), quien abandonó a su «ahijada». Tras numerosas delegaciones que visitaban Mocoa quincenalmente, los resultados en materia de vivienda fueron nulos.

Hoy, 909 familias esperan su vivienda en el sector urbano. Y la situación no podría ser más compleja para ellos: el lote donde se iban a construir sus casas fue invadido por los mismos propietarios, agotados de tantas promesas incumplidas durante ocho años. Y el gobierno del cambio, en el que habíamos depositado tanta ilusión, defraudó a los damnificados de Mocoa, quienes tuvieron que lidiar con una Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) donde la corrupción, enquistada desde gobiernos anteriores, terminó por explotar.

Pero, como si esto fuera poco, esos mismos damnificados denuncian que la persona designada por la UNGRD como enlace en el territorio los revictimiza constantemente, los divide y los estigmatiza por reclamar sus derechos y por desconfiar de la institucionalidad, como si no tuvieran razones suficientes para hacerlo. Otra tragedia viven los damnificados rurales. Son 254 familias que ya contaban con un lote comprado por la UNGRD, pero que, debido a la demora en el inicio de la construcción, fue invadido por personas que, en algunos casos, ya tienen vivienda y lo hacen con el fin de acaparar tierras.

El lunes 31 de marzo, en horas de la noche, cientos de familias recorrerán las calles de Mocoa con una vela en la mano en la «marcha de la luz», esa silenciosa procesión no es solo un acto de memoria, sino un grito desesperado por justicia y dignidad. Ojalá que la luz de esas velas ilumine las conciencias y guíe las acciones de quienes tienen el poder de transformar esta tragedia interminable en un futuro de esperanza para las familias de Mocoa.

Mientras eso pasa los entes de control avanzan, a  paso lento, en las investigaciones para dar con los responsables de la tragedia que aún no termina, así lo confirman al menos seis hallazgos de la Contraloría General de la República:

• Hallazgo fiscal por más de $20.9 mil millones de pesos (enero de 2024): La construcción y terminación de viviendas para los damnificados quedaron inconclusas y paralizadas, generando una afectación significativa al erario público.
• Hallazgo fiscal por $2.439 millones de pesos (enero de 2024): Se detectó un deterioro prematuro en obras de mitigación de riesgos en el río Mulato, incluyendo losas de concreto, estructuras y muros de gaviones.
• Proceso de responsabilidad fiscal por $24.315 millones de pesos (abril de 2024): Se abrió un proceso contra seis exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por presuntas irregularidades en el proyecto de vivienda Sauces II. Se encontraron inconsistencias en los contratos de obra para la construcción de 909 viviendas, lo que generó un daño inicial estimado en $18.566 millones que no se ve reflejado en la entrega de las viviendas.
• Hallazgo fiscal por $5.748 millones de pesos (agosto de 2022): Se debió al pago de subsidios de arriendo adicionales a damnificados a quienes no se les han entregado sus viviendas. Esto se considera un detrimento patrimonial causado por la no entrega oportuna de las viviendas del proyecto Sauces II.
• Procesos administrativos sancionatorios fiscales (agosto de 2023): La Contraloría abrió procesos contra el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y su antecesor, Javier Pava Sánchez, por no responder a reiteradas solicitudes de información sobre el proceso de reconstrucción y obstruir la labor de control fiscal. La Contraloría calificó la gestión de la UNGRD como un «verdadero desastre».
• Proceso de responsabilidad fiscal por $21 mil millones de pesos (febrero de 2023): Este proceso se inició por irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de obra para la reconstrucción del acueducto de Mocoa.