En una intervención realizada este lunes en el marco de la sesión técnica sobre el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida como garantía de seguridad para la población firmante de paz, en la Corte Constitucional, el alcalde de Puerto Asís, Jorge Herlinto García exigió mayor articulación del Gobierno nacional para garantizar los derechos de los 152 firmantes del Acuerdo de Paz radicados en el municipio, quienes enfrentan desplazamientos forzados, falta de tierras y riesgos de seguridad.

Falta de recursos y desplazamientos

García destacó que, aunque su administración ha destinado terrenos para vivienda y proyectos productivos, los excombatientes no pueden acceder a subsidios del Ministerio de Vivienda ni a financiación para iniciativas agrícolas:
«No tienen tierras asignadas por la Nación y rechazan arrendamientos. Sin eso, los proyectos no avanzan», explicó.

Además, reveló que 87 firmantes y sus familias permanecen en el municipio, mientras otros han huido a Ecuador o otras regiones por la violencia. En los últimos años, se registraron 10 homicidios vinculados al conflicto territorial entre grupos armados.

Alertas tempranas y salud

El municipio tiene 6 alertas tempranas de la Defensoría, 3 enfocadas en excombatientes. García pidió una mesa técnica con presupuesto para atenderlos, especialmente en salud (dengue, fiebre amarilla) y educación, donde la Alcaldía ha hecho acompañamiento.

Crítica a la desarticulación estatal

El mandatario cuestionó que las instituciones nacionales «evaden responsabilidades»:
«Las alertas y sentencias solo llegan a las alcaldías, pero no hay reuniones técnicas reales ni presupuesto. Nos dejan solos», destacó.

Compromiso local

Pese a los retos, Puerto Asís es el único municipio que incluyó a los firmantes en su Plan de Desarrollo 2024-2025, con recursos para vivienda y programas transversales. García reiteró su disposición a trabajar, pero insistió en que «el Estado debe cumplir».