Ocho años han transcurrido desde la fatídica noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, cuando una avalancha sin precedentes arrasó con al menos 17 barrios de Mocoa, la capital del Putumayo. Una tragedia que dejó más de 330 personas fallecidas, más de 60 desaparecidos, barrios enteros destruídos y un dolor imborrable en el corazón de los putumayenses. Hoy, la justicia da un paso fundamental: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha condenado al Estado colombiano por su responsabilidad en esta catástrofe.
La sentencia, en decisión de primera instancia y con ponencia del magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, es clara y contundente: hubo una falla en el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales por parte de diversas entidades nacionales, departamentales y municipales. Su omisión, según el Tribunal, contribuyó directamente a la materialización de la tragedia.
Entre las entidades señaladas por el fallo se encuentran la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Ambiente, el IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), CORPOAMAZONÍA, el Municipio de Mocoa y el Departamento del Putumayo. Un listado extenso que evidencia la magnitud de la responsabilidad institucional.
El Tribunal ha enfatizado que, a pesar de que existían estudios previos que advertían sobre los riesgos en las cuencas hídricas de la zona, no se tomaron las medidas preventivas necesarias para evitar lo inevitable. Esta negligencia fue un factor determinante en el desenlace fatal.
Como resultado de esta condena, el Tribunal ha reconocido el derecho a la reparación de las víctimas, ordenando el pago de indemnizaciones por los incalculables daños sufridos. Una medida que, aunque no devolverá lo perdido, representa un respiro para quienes han esperado por justicia durante tanto tiempo.
Esta decisión sienta un precedente importante en la historia de la gestión del riesgo en Colombia y reabre el debate sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad estatal frente a los fenómenos naturales. Para las víctimas de Mocoa, es un paso hacia la verdad y la dignificación de su dolor.