Una crisis de salud sin precedentes se desató en el Putumayo. En una rueda de prensa realizada en la mañana de este martes, las directivas del Hospital de Alta Complejidad del Putumayo (HACP) anunciaron la suspensión parcial de servicios a todos los afiliados de la Nueva EPS, debido a una deuda que, según la entidad, asciende a $34.438 millones de pesos.
La decisión, que se hizo efectiva desde el pasado primero de noviembre, deja en el limbo a miles de usuarios que dependen de la única institución con capacidad de tercer y cuarto nivel en el departamento.
A la convocatoria asistieron medios de comunicación, veedores de salud, concejales y autoridades locales, quienes escucharon de primera mano la grave situación financiera que obligó a tomar la drástica medida.
«No podemos sostener la nómina de especialistas»
Lizeth Cristina Martínez Mena, gerente del HACP, explicó que la decisión se tomó tras el «incumplimiento de pagos de sus obligaciones económicas» por parte de la Nueva EPS, correspondientes a servicios «efectivamente prestados y soportados» a corte del 30 de septiembre de 2025.
«La deuda a la fecha suma un total de treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho millones de pesos«, sentenció Martínez Mena.
La gerente fue enfática en que se enviaron múltiples notificaciones por correo electrónico a la Nueva EPS, con copia a la Superintendencia de Salud, Contraloría y Defensoría del Pueblo, sin obtener «respuesta oportuna y soportada» sobre la deuda.
El impacto de esta cartera es directo en la operatividad del hospital, la única institución garante de servicios complejos en la región, que atiende también a pacientes de Nariño, Caquetá, Amazonas e incluso Huila.
«El valor adeudado para nosotros es bastante complejo, por lo cual no hemos podido sostener pagos oportunos a nuestra nómina de médicos especialistas«, afirmó la gerente. «Sostener la nómina de especialistas y subespecialistas que son únicos en la región… no es posible».
La situación es tan crítica que Martínez advirtió sobre el posible cierre de otras áreas vitales:
«Ya estamos en vistas con el área de calidad de cerrar algunos servicios, porque para nosotros es inviable sostener la nómina. Es inviable sostener los proveedores de medicamentos e insumos, es inviable sostener el transporte… es inviable sostener un banco de sangre».
Por ahora, el HACP solo garantiza la atención de urgencias vitales, según el decreto 412 de 1992. «Tomamos signos vitales, hacemos un diagnóstico médico y, si el paciente lo requiere, se relaciona una referencia a otra institución por no tener contrato nosotros», concluyó.
La preocupación local: «Temo por los pacientes de la UCI»
La noticia generó alarma inmediata en las autoridades locales. La concejala de Puerto Asís, Gloria Amparo Imbajoa, una reconocida veedora del sector salud, manifestó su angustia por la situación de los pacientes más vulnerables.
«Me preocupa tanto los que están en la UCI, todos los que llegan y los que llegarán», expresó Imbajoa. «Hoy querían que los servicios no se prestan sino [a] servicios que estén agonizando».
La concejala advirtió que este es solo el comienzo de un colapso mayor, mencionando que otras EPS como Mayamás e Insanar también tendrían problemas contractuales. «Aquí tiene que ya el alcalde como autoridad, Secretaría de Salud Municipal, departamental, mirar qué se va a hacer con esta situación… Aquí no podemos dejar que la comunidad sufra».
Imbajoa hizo un llamado urgente a los gerentes de las EPS a «dar la cara» y criticó las soluciones temporales. «Aquí nos contentamos que vengan a hacer paños de agua tibia… se van y se olvidan del panorama que está pasando».
La denuncia llega al Congreso: «El drama de viajar 22 horas»
La crisis escaló al nivel nacional. El representante a la Cámara, Carlos Ardila, intervino en la plenaria del Congreso dirigiéndose directamente a la Defensora del Pueblo y otros altos funcionarios.
«El día de hoy se pronuncia el hospital de alta complejidad del departamento del Putumayo y dice que cierran los servicios a la Nueva EPS», denunció Ardila. «Hemos insistido hace más de dos meses que por favor atiendan a los hospitales… nadie nos atendió, nadie nos escuchó, no hubo cita, no hubo mensajes».
El congresista lamentó la falta de acción mientras la Nueva EPS, según él, contrata servicios en Nariño, Neiva o Bogotá, en lugar de fortalecer la red regional.
Ardila advirtió sobre el impacto humano de esta decisión, que pone en riesgo 1.500 empleos directos e indirectos y sobrecargará los sistemas de salud de departamentos vecinos.
Finalmente, ilustró el calvario que vivirá un paciente del sur del departamento:
«Les traduzco yo qué significa eso… Uno que se enferme en Leguízamo tendrá que navegar ocho horas desde Leguízamo hasta Puerto Asís. Llegar a Puerto Asís, como este hospital está cerrado, tendrá que viajar aproximadamente 12 horas más para llegar a la ciudad de Pasto… fácilmente, defensora, podemos estar a 20, 22 horas de viaje. Y esto no tiene ningún sentido».
Por el momento, miles de afiliados de la Nueva EPS en Putumayo quedan a la deriva, dependiendo de referencias a otros departamentos para servicios especializados, mientras el HACP lucha por sobrevivir financieramente.