El director de la Policía Nacional anunció la erradicación forzada de por lo menos 30,000 hectáreas de cultivos ilícitos en estos tres departamentos. Defensores de derechos humanos alertan sobre posibles consecuencias sociales y económicas.
El director de la Policía Nacional, General Carlos Fernando Triana, anunció el reinicio y la intensificación de las operaciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en tres departamentos del suroccidente colombiano: Putumayo, Cauca y Nariño. Este plan, que busca erradicar cerca de 30,000 hectáreas en 2025, representa un desafío significativo frente a las 9,500 hectáreas eliminadas el año pasado.
Según el General Triana, las operaciones comenzarán en marzo, aunque ya se han realizado acciones preliminares en algunas zonas. «Estamos preparados para hacer la tarea en Nariño, Cauca y Putumayo», afirmó, destacando el aumento de la presencia policial y los controles específicos en estas regiones. Además, hizo un llamado a las comunidades para que colaboren con información y se mantengan tranquilas, asegurando que la Policía trabaja en su beneficio.
Cortesía Putumayo en Línea
Preocupaciones de los defensores de derechos humanos
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de esta política. Wilmar Madroñero, vocero de la Red Departamental de Derechos Humanos de Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos (Nariño), señaló que la erradicación forzada sin alternativas claras podría generar violencia, desplazamiento y confrontaciones en los territorios.
«El tema de la erradicación es un generador de violencia en el Putumayo si no se actúa de manera planificada», afirmó el vocero. Criticó la falta de cumplimiento de los compromisos gubernamentales con las comunidades que, en el pasado, optaron por la erradicación voluntaria de más de 11,000 hectáreas. Según él, menos del 50% de los acuerdos se han cumplido, lo que ha llevado a muchas familias a retomar el cultivo de coca como medio de subsistencia.
Falta de alternativas económicas
El vocero enfatizó que, sin proyectos productivos viables y sostenibles, las comunidades no tienen más opción que volver a los cultivos ilícitos. «De ahí sale el sustento para la familia, para la educación de los hijos y para la salud», explicó. Además, criticó la falta de voluntad política del Gobierno para implementar soluciones reales y graduales que permitan a los campesinos transitar hacia economías lícitas.
«El Gobierno viene con las mismas políticas de siempre: erradicar y confrontar, pero sin traer una propuesta de cambio real», dijo. Insistió en la necesidad de construir propuestas conjuntas entre el Gobierno y las comunidades, con garantías claras y presupuestos asignados para proyectos productivos que ofrezcan alternativas viables.
La gradualidad como solución
Para los defensores de derechos humanos, la clave está en la gradualidad y en la voluntad política del Gobierno. «Se debe mostrar el presupuesto, las garantías y las condiciones para que los campesinos confíen en que habrá un cumplimiento real», señaló el vocero. Además, destacó la importancia de sentar a las partes involucradas —Gobierno y campesinos— para diseñar soluciones idóneas que respondan a las necesidades reales de las comunidades.
Lo que viene para los territorios
Mientras el Gobierno avanza con su plan de erradicación forzada, las comunidades y organizaciones de derechos humanos exigen un enfoque más integral y menos represivo. La falta de alternativas económicas y el incumplimiento de acuerdos previos podrían agravar la situación en regiones ya afectadas por la violencia y la pobreza. El desafío no solo es erradicar los cultivos ilícitos, sino también construir un futuro sostenible para los habitantes de Putumayo, Cauca y Nariño.