La Contraloría ratificó fallo de responsabilidad fiscal en contra de Luis Eduardo García Franco, por $2.2 mil millones. La decisión es inapelable. ¿La causa? Una planta de residuos inconclusa contratada en su primera administración.

El futuro político del actual alcalde de Villagarzón, Luis Eduardo García Franco, se encuentra en una encrucijada crítica. La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal en su contra por una suma de $2.222.592.817, producto de irregularidades en un contrato de 2009 durante su primer mandato. Esta decisión, que ya no admite más recursos, lo inhabilita para ejercer cargos públicos y podría resultar en su suspensión o destitución inmediata del cargo.

La decisión final fue tomada por la Sala Fiscal y Sancionatoria del ente de control al resolver los recursos de apelación presentados por el mandatario y otros implicados. El fallo original, emitido en diciembre de 2024, fue ratificado, revocando una decisión anterior y declarando una «culpa grave» en la gestión de los recursos públicos.

El Origen: Una Planta de Residuos que Nunca Vio la Luz

El caso se remonta al año 2009, cuando García Franco, en su primer periodo como alcalde (2008-2011), firmó un convenio para la construcción de una planta de manejo integral de residuos sólidos para el municipio. El proyecto, financiado con recursos de regalías y con un plazo de ejecución de 10 meses a partir de 2011, nunca se completó, convirtiéndose en un «elefante blanco» que hoy le pasa factura.

Las alarmas, encendidas por veedurías ciudadanas, llevaron a la Contraloría a investigar a fondo. El ente fiscalizador descubrió un cúmulo de irregularidades graves, entre las que se destacan:

• Obras no ejecutadas y suspendidas.
• Falta de gestión de permisos y licencias ambientales requeridas para un proyecto de esta naturaleza.
• Ausencia total de seguimiento y control sobre los millonarios recursos girados tanto al contratista como a la interventoría.
• Estudios y diseños no acordes con la normatividad ambiental y el reglamento técnico del sector (RAS).
• No actualización de las pólizas y garantías que debían proteger la inversión del municipio.

Una Inhabilidad que lo Pone al Borde de la Salida

Con la ratificación del fallo, la situación del alcalde se complica aún más. El artículo 38 del Código Disciplinario Único es claro al establecer como una inhabilidad sobreviniente para desempeñar cargos públicos «haber sido declarado responsable fiscalmente».

En este sentido, los entes competentes deberían proceder con la separación del cargo de García Franco. Sin embargo, existe una única vía para que pueda mantenerse en la Alcaldía: pagar la totalidad de la suma indexada del detrimento patrimonial, es decir, los $2.222 millones de pesos.

La comunidad de Villagarzón y el panorama político del Putumayo quedan a la expectativa de la decisión que tomará el alcalde: asumir la millonaria deuda para salvar su cargo o enfrentarse a una inminente salida de la administración municipal.