También se conoció que la Procuraduría asumió por poder preferente, la investigación de este cuestionado operativo, que incluso ha sido mencionado en escenarios internacionales.

El próximo 26 de abril a las 2 de la tarde se llevará a cabo la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, tras los señalamientos de la población civil de Alto Remanso, en Puerto Leguízamo Putumayo, que aseguran que en la operación del Ejército Nacional ejecutada el pasado 28 de marzo murieron varios civiles.

Además del jefe de la cartera de Defensa, también fueron citados los altos mandos militares, el Defensor del Pueblo y la directora Nacional de ICBF, según lo confirmó en la tarde de este martes la congresista Jennifer Arias, presidente de la Cámara de Representantes.

Este martes también se informó por parte de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello que este ministerio, asumirá por poder referente e investigará el hecho que dejó 11 personas muertas entre ellas una mujer en estado de gestación, un menor de edad, un gobernador indígena y el presidente de una Junta de Acción Comunal.

“La Procuraduría General de la Nación asumió el poder preferente sobre la apertura de indagación preliminar que realizó el Ejército Nacional, tras la operación militar que ocurrió el 28 de marzo en la vereda El Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo» dijo Cabello.

 La funcionaria indicó además que “se desplegó una comisión especial dentro de ese proceso disciplinario que abocamos para efectos de empezar a practicar pruebas, esa comisión está ya llegando a la región y va hacer todas las pruebas necesarias y recibir las declaraciones y a tener toda la recepción de testimonios, la averiguación de pruebas que se requieran para avanzar rápidamente en esa investigación que tanto preocupa a la ciudadanía”, expresó la procuradora.

Según se conoció, la oficina jurídica del Ejército ya entregó el informe explicando los detalles de este operativo y la investigación que habrían hecho las fuerzas militares previo a desarrollar esta operación que ha dejado más preguntas que respuestas.

En el marco de sus competencias, la Procuraduría será la encargada de determinar si hubo alguna irregularidad por parte de los militares, durante la planeación y ejecución, del operativo militar, que dejó 11 persona muertas, y que el Ejército las reportó como presuntos integrantes de los Comandos de Frontera.

Hay que recordar, que en el Senado de la República, también se encuentra en trámite una proposición de control político, también al ministro de la Defensa, y los altos mandos militares, además de otros funcionarios.