La detenida, Marisol Victoria Cárdenas, fue enviada a un centro carcelario como presunta responsable del homicidio de una joven de 20 años, ocurrido durante una riña en un establecimiento público del Valle del Guamuez.
La Hormiga, Putumayo. – Diez años después de que un violento crimen sacudiera al municipio del Valle del Guamuez, la justicia finalmente parece abrirse paso. La Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura y judicialización de Marisol Victoria Cárdenas, de 32 años, quien era requerida por las autoridades como la presunta autora material del homicidio de una joven de 20 años, en hechos ocurridos el 20 de julio de 2015.
El caso, que para muchos había quedado en el olvido, se reactivó gracias a las labores de investigación que permitieron ubicar a Cárdenas en el municipio de La Plata, en el departamento del Huila, a cientos de kilómetros del lugar donde presuntamente cometió el delito.
Una Discusión con Desenlace Fatal
Según el informe del ente acusador, los hechos se remontan a la noche del Día de la Independencia de 2015. Dentro de un establecimiento público en La Hormiga, se habría originado una acalorada discusión entre Marisol Cárdenas y la víctima. La disputa escaló trágicamente cuando, al parecer, Cárdenas desenfundó un arma blanca y le ocasionó una herida mortal a la joven.
Desde ese momento, el paradero de la presunta agresora era un misterio. Durante una década, logró evadir a las autoridades, presuntamente moviéndose por diferentes regiones del país.
El Fin de la Huida y el Proceso Judicial
El pasado 8 de agosto, en un operativo coordinado por la Policía Nacional, se hizo efectiva la orden de captura que pesaba en su contra. Tras su detención en La Plata (Huila), fue trasladada para responder ante la justicia por los graves cargos que se le imputan.
Un fiscal de la Seccional Putumayo le imputó formalmente el delito de homicidio. Sin embargo, durante la audiencia, la procesada no aceptó los cargos. A pesar de su negativa, un juez de control de garantías consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran lo suficientemente sólidas para imponer la medida más severa: aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el juicio en su contra.