Se cumplen tres días de bloqueos viales, motivados por la inconformidad de transportadores frente al incremento de $1904 en el precio del galón de combustible diésel que fue decretado por el Gobierno Nacional desde el pasado 31 de agosto.
La Fiscalía General de la Nación ha anunciado la apertura de una investigación a los bloqueos de vías públicas que se han registrado en diferentes zonas del país, en el marco del paro nacional convocado por el gremio de transportadores.
Estos bloqueos han sido una respuesta al reciente incremento de $1904 en el precio del galón de combustible diésel decretado por el gobierno nacional, lo cual ha generado malestar en el sector del transporte.
En un comunicado oficial, la Fiscalía informó que los bloqueos afectan principalmente a Bogotá, algunos corredores viales de la región del Magdalena Medio, y los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Meta.
El ente acusador reiteró su preocupación por los riesgos que estas acciones puedan representar para la salud pública y la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas, quienes dependen de estas vías para su movilidad diaria.
A pesar de reconocer el derecho constitucional a la protesta pacífica, la Fiscalía hizo un llamado a los organizadores y participantes de las manifestaciones a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos no involucrados en las protestas, incluyendo la integridad física, la salud y la libre movilidad.
“La obstrucción y bloqueo de vías que pongan en peligro a la población no están amparados bajo el derecho a la protesta”, advirtió la Fiscalía.
En este sentido, la entidad reafirmó su compromiso de actuar dentro de su marco legal y constitucional en aquellos casos en los que las manifestaciones sociales dejen de ser pacíficas y se transformen en actos delictivos.
La situación sigue siendo monitoreada de cerca, mientras las autoridades buscan un equilibrio entre garantizar el derecho a la protesta y proteger los derechos y la seguridad del resto de la población.