Justicia propia un ejemplo en el Valle del Guamuez

Este artículo hace parte de la estrategia de divulgación del convenio entre el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID y Fedecap.

<<En el departamento del Putumayo la Justicia Propia de la comunidad afro se convierte en un modelo piloto para ser aplicada en otras regiones de Colombia, con las experiencias y resultados que se han obtenido en la aplicación de la misma con excelentes resultados.

Una de las ventajas, según Mandinga, del reconocimiento y aplicación de la justicia propia de las comunidades afrocolombianas es que ayudaría a descongestionar el sistema judicial que está “atiborrado de procesos que pudieran resolverse al interior de la justicia de nuestras propias comunidades.>>

Mocoa

Aunque la lucha de los pueblos afrocolombianos por sus derechos civiles, étnicos, culturales y territoriales comenzó mucho tiempo atrás, actualmente estas comunidades enfrentan otra lucha ante el Estado colombiano: el reconocimiento de su sistema de justicia propio. De esta manera, dicen, no solo se valida su modelo interno de resolución de conflictos, sino que deja de contribuirse al problema de hacinamiento carcelario, principal dolor de cabeza desde los años noventa y que hoy alcanza un nivel superior al 49 por ciento. Para combatirlo se han implementado estrategias, como la libertad condicional, que son insuficientes.

«Es un sistema de justicia que apunta, no tanto a sancionar al infractor, sino a la reparación del daño colectivo. Nosotros decimos: qué tanto le sirve a un niño huérfano que el homicida vaya a pagar 30 años en la cárcel, si no hay un mecanismo de resarcimiento de ese daño», comenta NAKA MANDINGA, autoridad étnica nacional. Entrevista tomada de Revista  Semana Rural.

A diferencia de la justicia propia indígena, la justicia adoptada por las comunidades afrocolombianas no ha gozado de un reconocimiento amplio por parte del Estado. Lo que iría en contravía de la Ley 70 de 1993, que se basa en el principio de reconocimiento y protección de diversidad étnica y cultural de “todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana”.

Este es uno de los reclamos y demandas que se resaltan entre las comunidades negras en Colombia, especialmente en el Putumayo.

Mujer de armas tomar

Carlina Esterilla, es una mujer afro de 40 años de edad nacida en Policarpa (Nariño), a sus 16 años llegó a La Hormiga, una población enclavada en la selva del departamento del Putumayo al sur de Colombia.

Ella ha vivido en carne propia lo que es la discriminación racial por ser negra y el abuso de la misma sociedad por el color de su piel. Esta situación la llevó a que un día cualquiera hace 18 años se empoderara de una lucha por defender a su raza y las raíces de la misma.

En su inicio fue catequista, luego líder de madres comunitarias del ICBF, perteneció a la mesa departamental de víctimas, fue enlace municipal de las comunidades Afro en el Valle del Guamuez, y hace 4 años es mediadora de Justicia Propia.

Todo este bagaje como líder social hoy le permite implementar en su municipio, uno de los más golpeados por la violencia en Colombia, la justicia propia, es decir que su comunidad conozca las formas que tienen los afro de dirimir un conflicto entre vecinos, de cómo solucionar por ejemplo un robo que se presente dentro de sus consejos comunitarios, a quién acudir, qué hace el consejero mayor, cuáles son esas prácticas culturales y ancestrales con las que se corrigen los problemas dentro de la comunidad afro; todo gracias a un proyecto que llegó al Putumayo de la mano del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID y que ejecuta Fedecap en siete municipios de Putumayo.

Ella, orgullosa y con la personalidad que la caracteriza se empodera del tema y con propiedad refiere que la justicia propia sirve para solucionar problemas domésticos que no requieren ser llevados a estrados judiciales o a otras instituciones, que a través del diálogo y entendimiento se pueden solucionar, algo que al día de hoy le ha dado muy buenos resultados en su población.

Pero lo que busca más allá de solucionar pequeños conflictos de comunidad lo que se proyecta es que la misma justicia propia sirva para rescatar los valores culturales de los casi 15 mil negros que habitan en este departamento representados en 43 consejos comunitarios y 22 organizaciones de bases agrupadas todas en la Federación de Asociaciones y Consejos Comunitarios por los Derechos de las Comunidades Negras Afroputumayenses (Fedecap).

“Quiero que las cantadoras, parteras, y que la tamborera no se calle, sino que por el contrario el repique de los cueros se escuche a lo largo y ancho de la manigua como la voz que diga: “Los negros estamos vivos”, dice Carlina Esterilla.

Uno de los casos que ha resuelto la señora Carlina, es el caso de un hombre que fue demandado por inasistencia alimentaria, caso que no se llevó a la comisaria, sino que el consejo comunitario ella lo resolvió entre las partes acordando el pago alimentario.

Para esta comunidad afro, existen miles de mitos, leyendas y costumbres que deben de permanecer en el imaginario del pueblo blanco; arrullos, alabaos, currulaos, y hasta volver a las parteras para que después del parto entierren el ombligo del recién nacido debajo de la casa en símbolo de la conexión entre los antepasados y el nuevo ser. Otros enlaces espirituales y ambientales que han conservado por generaciones se basan en su cosmovisión y han sido construidos por ellos mismos.

El actuar de la justicia propia Afro

“Un miembro de la comunidad negra que es judicializado pasa directamente a la justicia ordinaria, saltándose un primer paso que debería ser la justicia propia de su comunidad”, indica Naka Mandinga, autoridad étnica nacional.  Además, asegura que, aprovechando las diferentes instancias de la justicia ordinaria, un juez de segunda instancia podría tener de antemano un cúmulo de información importante si el infractor pasa primero por un proceso de justicia propia. Estos datos servirían de elemento para continuar el proceso judicial.

Una de las ventajas, según Mandinga, del reconocimiento y aplicación de la justicia propia de las comunidades afrocolombianas es que ayudaría a descongestionar el sistema judicial que está “atiborrado de procesos que pudieran resolverse al interior de la justicia de nuestras propias comunidades”.

Las comunidades negras no solo exigen actualmente un reconocimiento efectivo de su justicia propia, sino, un mejor acceso a la justicia en general. Y para ello existen cuatro barreras para lograrlo.

Una de estas barreras es el racismo y la presencia de muchos estereotipos en los territorios. “Creer que porque somos negros somos maleantes, culpables, seguirá siendo una barrera hasta que los que administran justicia empiecen a mirar con igualdad a la persona que entra a su despacho”, comenta Esterilla.

Otra barrera, de acuerdo a la líder, es el desconocimiento de los funcionarios alrededor de las leyes que amparan a las comunidades negras que tienen que ver con su pensamiento y forma de estar en un territorio propio.

Para Esterilla, pese a que en la Constitución están reconocidos los pueblos afrodescendientes, así como los indígenas, en la práctica existe una distancia política entre ambos: “Nosotros también hemos permitido que la convivencia sea mejor, en especial cuando el Estado ha faltado. Incluso cuando a veces el Estado está, pero parece que no estuviera”.

La restitución de tierras también es una barrera para el acceso a la justicia de los pueblos étnicos en general. El uso y el disfrute de los territorios que por tradición les han correspondido a las comunidades afro particularmente y que en muchas regiones del país aún no es efectivo, pese al fallo de algún juez de tierras que restituye los predios. Muchos de estos territorios aún están en medio de dinámicas de inseguridad y control de grupos armados que hacen inviable la restitución y amenazan la vida de quienes retornan.

En últimas y para muchos afros, la comunidad afrocolombiana reclama el reconocimiento de su sistema de justicia propio de su cultura y tradición, así como ha sido reconocida la administración de justicia indígena.

Esta experiencia de Justicia Propia, que se está implementando en el Valle del Guamuez, y con réplicas en los municipios de Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, y Valle del Guamuez, que son base de modelo para que en otras comunidades negras sean adoptadas a corto y mediano plazo no mueran en siglo XXI, sino, por el contrario, esta raza pujante debe seguir siendo patrimonio de nuestro planeta. –

Por: German Arenas Usme – Periodista/Investigador

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