La violencia regresó con crudeza al bajo Putumayo tras el asesinato de dos reconocidos líderes comunales y campesinos en el municipio de Puerto Caicedo. Las víctimas, identificadas como Juan Carlos Rodríguez y Ángel Arbey Vallejo Rosas, fueron ultimados en hechos separados, generando indignación y dolor en la región.

Los hechos: Líderes comunales caen en ataques selectivos

Juan Carlos Rodríguez, fiscal de la JAC de la vereda Circasias (Inspección El Cedral) y representante de los productores de chontaduro en la zona, fue asesinado en circunstancias que aún se investigan. Su cuerpo ya fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos de rigor.

Por otro lado, Ángel Arbey Vallejo Rosas, presidente de la vereda Palmar del Picudito (Inspección Arizona), fue hallado sin vida en su residencia, al parecer con impactos de bala. Debido a las dificultades de acceso y seguridad, su levantamiento se realizó este viernes, luego de que el crimen se reportara hacia las 6:00 p.m. del jueves.

Preocupación por ola de violencia contra líderes sociales

Estos crímenes ocurren en medio de una aparente «tensa calma» en la región, luego de un cese de acciones violentas por parte de grupos armados. Sin embargo, los hechos recientes evidencian un recrudecimiento de la violencia selectiva contra dirigentes comunitarios.

La Federación Comunal del Putumayo emitió un contundente comunicado exigiendo a las organizaciones de derechos humanos y autoridades competentes pronunciarse frente a estos asesinatos:

“Exigimos a las instituciones defensoras de derechos humanos que se pronuncien frente a los hechos de asesinatos selectivos, masacres y amenazas contra nuestros dirigentes comunales”.

Contexto de inseguridad en el bajo Putumayo

Puerto Caicedo ha sido históricamente una zona afectada por la presencia de grupos armados y disputas territoriales. Aunque en las últimas semanas se había registrado una disminución de acciones violentas, estos dos homicidios reactivan las alarmas sobre la seguridad de los líderes sociales en el departamento.

Las autoridades aún no han dado un parte oficial sobre los posibles responsables, pero organizaciones sociales temen que se trate de ataques sistemáticos contra líderes que defienden los derechos de las comunidades campesinas.

Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones, la comunidad exige garantías de protección y justicia. Este caso se suma a una larga lista de agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia, especialmente en zonas rurales con alta influencia de actores armados.