El exgobernador de Putumayo, Jimmy Harold Díaz Burbano, salió a responder enérgicamente a la imputación de cargos anunciada por la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador lo señala como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por un proyecto de más de 7.838 millones de pesos destinado a la intervención y construcción del Parque General Santander en Mocoa.
En sus declaraciones, Díaz Burbano fue enfático en la defensa de su gestión, asegurando que el contrato en cuestión nunca llegó a materializarse financieramente y que no hubo detrimento patrimonial.
«De ese contrato no se perdió un peso, no se giró nada», afirmó el exmandatario.
Díaz Burbano explicó que, si bien fue citado para la imputación de cargos, este proceso representa la apertura formal de una investigación y no una acusación o condena. El núcleo de su defensa se centra en que el contrato, aunque celebrado, jamás entró en fase de ejecución.
«Es un contrato que nunca se ejecutó. Es un contrato que ni siquiera se firmó acta de inicio y menos… es un contrato que nunca se dio anticipo», recalcó Díaz.
Según el exgobernador, la Gobernación posee todos los documentos que demuestran esta situación. Admitió que la Fiscalía «considera que no hubo un procedimiento bueno en torno a la celebración del contrato», pero insistió en que estará atento para anexar el material probatorio y «aclarar de una vez por todas esta situación».
El Origen y Suspensión del Proyecto
El exmandatario detalló la cronología del proyecto, indicando que fue presentado originalmente por la Alcaldía de Mocoa, en cabeza del fallecido alcalde Elber Cerón, y postulado por la Gobernación ante el OCAD Regional de Regalías.
Sin embargo, el proyecto se detuvo abruptamente. Díaz Burbano atribuyó la suspensión a un impedimento legal y no a fallas en la contratación.
«El alcalde [Cerón], de una manera bien intencionada, él consideró que con un decreto se podía intervenir el parque, pero sucede que para intervenir el parque en ese momento necesitaba del visto bueno del Consejo porque es patrimonio arquitectónico», explicó Díaz.
Una acción judicial (popular o de cumplimiento) ordenó la suspensión de la construcción. Esto llevó a que la administración siguiente, bajo Sorrel Aroca, realizara la liquidación bilateral del contrato.
Incluso, mencionó que el contratista demandó, pretendiendo el pago de utilidades proyectadas, pero el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño «ordenó negar las pretensiones». Al contratista, dijo Díaz, solo se le devolvieron los recursos pagados por estampillas.
«El dinero que había para ese proyecto se devolvió al OCAD», concluyó.
Lo que dice la Fiscalía General
La versión del exgobernador contrasta fuertemente con el boletín emitido por la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador sostiene que el contrato, suscrito el 16 de diciembre de 2015 por $7.838 millones, se tramitó «sin contar con estudios serios de conveniencia y de oportunidad, y sin los permisos y licencias de ley».
La Fiscalía alega que Díaz Burbano presentó el proyecto al OCAD «sin contar con la licencia de construcción y los permisos ambientales», e incluso «desatendiendo los conceptos negativos de viabilidad emitidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Vivienda».
El ente acusador también señala que para avanzar, presuntamente «fue modificado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Mocoa, sin tener en cuenta que el parque era bien cultural y patrimonial del municipio».
¿Persecución Política?
Finalmente, Jimmy Díaz Burbano deslizó que el resurgimiento de este caso podría tener motivaciones políticas, vinculadas a las épocas electorales.
«Lastimosamente, cuando llegan las épocas de campaña, buscan ridiculizar o minimizar los esfuerzos de los contrincientes», manifestó. «Y esa es una estrategia macabra que tienen algunos candidatos… Hablar mal de los contrincantes no da votos».
El exgobernador cerró su intervención reiterando que todos los mandatarios terminan sus periodos con investigaciones en los entes de control, pero reafirmó su punto central: «Lo cierto es que del contrato que se me imputa no se ha perdido un solo peso».