¿Por qué se impuso detención domiciliaria al gobernador del Putumayo?

Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes detención domiciliaria contra el mandatario, por presuntos hechos de corrupción en un contrato para la compra de 10 ambulancias.

Por Carlos Linares, abogado.

Respecto a la decisión judicial tomada en contra del gobernador Buanerges Rosero Peña, me permitiré hacer un análisis jurídico y no político del tema, con perfil profesional y no electoral.

Quiero aclarar que la opinión jurídica de un proceso no se puede emitir si no se ha tenido acceso a su expediente; si no se ha revisado en sus aspectos fácticos y probatorios, hacer lo contrario es irresponsable; por lo tanto, haré un simple análisis general de un proceso penal judicial.

Cuando la Fiscalía (órgano investigador) le solicita a un juez (órgano juzgador) se aplique medida de aseguramiento con detención preventiva en contra de una persona, es porque tiene elementos materiales probatorios sobre su presunta culpabilidad en la comisión de una conducta delictiva. A su vez, el juez, analiza hechos y pruebas en que la fiscalía sustenta su solicitud, escucha al acusado y sus abogados defensores, y concede o rechaza la medida.

En esta etapa, lo que se decide es si el imputado, será investigado privado de su libertad en una cárcel o en su domicilio, o si continuará en libertad durante todo el proceso.

Es una etapa inicial, que no está decidiendo la culpabilidad o inocencia de una persona, eso se decidirá después de un largo proceso con las garantías propias del mismo, con base en pruebas, y terminará con una sentencia condenatoria o absolutoria.

Los fines que persigue la medida de aseguramiento son varios: i) Asegurar la comparecencia del sindicado al proceso, ii) evitar que siga delinquiendo, y iii) ocultar o alterar pruebas o testimonios, entre otros.

En el caso de un funcionario público elegido por voto popular, la Fiscalía está sosteniendo la tesis de protección del erario público, es decir, si es investigado por peculado (hurto al Estado) mal podría dejarlo en el cargo para que siga haciéndolo, es decir, y como dice el dicho «dejar al gato cuidando el pan».

También fundamenta su solicitud en la finalidad de ocultar o alterar pruebas, pues un funcionario que tiene manejo de personal y acceso a documentos, mal podría alterarlos, ocultarlos, desaparecerlos, e incidir en el testimonio de un testigo que está bajo su mando.

Ahora bien, cada etapa del proceso es susceptible de ser revisada por el mismo juez que decidió, mediante recurso de reposición, es decir, solicitarle al mismo juez que cambie su decisión, o revisada por el juez superior mediante recurso de apelación. Mientras se decidan los recursos, la decisión está en firme y se ejecuta hasta tanto se decida otra cosa.

Durante el proceso, el imputado tiene el derecho a tener abogado, a presentar pruebas que comprueben su inocencia, a ser notificado, a interponer recursos, en fin, todas las herramientas judiciales para defenderse. A su vez la Fiscalía, presentará todas las pruebas condenatorias que posea, esa es su función, acusar a una persona por cometer un delito y demostrarlo, y el juez, en su sana crítica y en derecho, decidir si, Fiscalía o defensa tienen la razón, si es culpable o inocente.

Si el juez decidiera imponer medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario o domiciliaria, el gobernador será apartado del cargo y el presidente de la República nombrará un encargado mientras dure el proceso, si a futuro, el gobernador demuestra su inocencia, volverá a su cargo, si es encontrado culpable, se realizarían nuevas elecciones si faltare más de 18 meses para terminar su período, de lo contrario terminaría el encargado.

Si no se impone medida de aseguramiento, continuará vinculado al proceso, y ejerciendo su labor de gobernador.

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