Según lo informado en una declaración conjunta, el proyecto piloto abarca la transición de 2.000 hectáreas en Nariño y 1.000 hectáreas en Putumayo, áreas que han estado bajo la influencia de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera.

En un importante avance hacia la paz y el desarrollo sostenible, las delegaciones del Gobierno Nacional de Colombia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) anunciaron un acuerdo clave para la transición de economías ilícitas a legales en los departamentos de Nariño y Putumayo. El acuerdo, alcanzado durante las reuniones sostenidas el 13 y 14 de diciembre de 2024 en Tumaco, contempla un plan piloto para la sustitución de 3.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia, promoviendo una transición a economías lícitas.

Según lo informado en la declaración conjunta, el proyecto piloto abarca la transición de 2.000 hectáreas en Nariño y 1.000 hectáreas en Putumayo, áreas que han estado bajo la influencia de la CNEB. Este esfuerzo busca promover economías lícitas a través de una estrategia integral que incluya encadenamiento productivo, sostenibilidad ambiental y concertación con las comunidades locales.

Un compromiso hacia la paz y el desarrollo rural

La Directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio, Gloria Miranda, liderará este proceso, que estará alineado con la Política Nacional de Drogas y las estrategias de paz y protección ambiental del Gobierno Nacional. Este enfoque garantiza que las comunidades participen activamente en el diseño de líneas productivas que incluyan producción, transformación con valor agregado y comercialización de productos.

Los diálogos comunitarios iniciarán en enero de 2025, y se espera que la implementación comience en marzo del mismo año. Tanto el Gobierno como la CNEB asumieron el compromiso de garantizar la no resiembra de las hectáreas intervenidas y de proteger la integridad de las comunidades participantes.

Un paso significativo en la mesa de paz

Este acuerdo representa un logro concreto en la Mesa de Diálogos de Paz en Colombia, evidenciando la disposición de ambas partes para transformar territorios afectados por economías ilícitas y conflictos armados. La transición de economías ilícitas es un componente fundamental del primer punto de la agenda negociadora, centrada en el desarrollo rural en Colombia y sostenibilidad ambiental.