Los detenidos, 10 hombres y 4 mujeres, aceptaron cargos y se les impuso medidas no restrictivas de la libertad; deberán presentarse periódicamente ante la autoridad competente y mostrar buena conducta.
Un total de 14 personas fueron judicializadas por los delitos de perturbación de certamen democrático en concurso heterogéneo con destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y daño en bien ajeno.
Los sindicados aceptaron haber cometido estas conductas el pasado 29 de octubre en uno de los puestos de votación de Santiago, Putumayo, durante las elecciones regionales.
Los procesados que fueron detenidos por parte de la Policía Nacional con el apoyo del Ejército, en cumplimiento a las órdenes de captura que pesaban en su contra, están siendo investigados por los desórdenes presentados durante los comicios electorales.
Los hechos se registraron durante las horas de la mañana en la institución Educativa Técnico Ciudad Santiago donde fue destruido material electoral y siete salones sufrieron daños en su estructura, según lo denunciado por su rector.
Los investigados son:
- Betty Arelis Arciniegas Bastidas
- Ricardo Andrés Rivera Ortega
- Hernán Bravo López
- Hernando Bravo Ledesma
- Luis Eduardo Zamudio
- Jerson Efrén Zamudio Pejendino
- Luz Elena Chamorro
- Carlos César Arévalo Benites
- Jessika Alexandra Jaramillo Rodríguez
- David Sebastián López Criollo
- Ángel León Zamudio Luna
- Rubén Darío García Chasoy
- Edisson Eudoro Zamudio Pejendino
- Jhoana Alejandra Erazo Gómez
La Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios y evidencia física tales como fotos y videos grabados en el lugar que dan cuenta de la participación de estas personas en la trifulca que ocasionó que las elecciones fueran suspendidas ese día en el municipio.
Los desórdenes se desatarían a raíz de una información que empezó a circular sobre un posible fraude, luego que una persona que entró al cubículo a ejercer su derecho al voto, dejara dos de los 4 tarjetones que habría marcado y el ciudadano que llegó después los encontró y dio la alerta.
El hecho fue atendido por la mesa de justicia como una situación administrativa, sin embargo, el rumor corrió y una multitud de personas, entre ellas los hoy procesados, ingresaron a la sede de votación y presuntamente destruyeron 13 de las 18 urnas, sacaron los tarjetones y los rompieron. Al tiempo gritaban que dónde estaba “la registradora corrupta que habían comprado” a la vez que trataron de agredirla física y verbalmente.
Luego de aceptar los cargos enrostrados por la delegada fiscal les fueron impuestas medidas de aseguramiento no restrictivas de la libertad tales como presentarse periódicamente ante la autoridad competente y mostrar buena conducta.