Reclaman por “la pasividad” de las autoridades frente a la ola de violencia en el Putumayo

Los cuestionamientos fueron hechos por Wilmar Madroñero, vocero de la Red Departamental de Derechos Humanos, tras los hechos ocurridos en Puerto Guzmán en el que un líder comunal fue asesinado.

La situación de violencia que se registra en el Putumayo, es de especial preocupación para la Red Departamental de Derechos Humanos, teniendo en cuenta los más recientes hechos de sangres registrados en Puerto Guzmán, Putumayo, en los que fue asesinado, Adin José Cerquera Huaca, ex presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Pajuil, de ese municipio.

Según las cifras que maneja esta organización defensora de derechos humanos en este departamento, en 2021 fueron asesinados al menos 22 líderes sociales, en lo que va del 2022, 7 líderes sociales han perdido la vida de forma violenta y desde el 2021 al 2022 van 8 masacres en Putumayo.

“El departamento vive una crisis de seguridad y eso nadie lo puede negar, porque las cifras son las que miden para poder plantear y hay una situación sistemática de los asesinatos y muertes de líderes sociales” expresó Wilmar Madroñero, vocero de la Red de Derechos Humanos.

El líder social cuestionó “la pasividad” de las autoridades e instituciones, frente a los hechos que se vienen registrando y que parecen no detenerse, en medio de las acciones de confrontación que persisten en varios municipios del medio y bajo Putumayo, por la disputa territorial entre los Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez.

“Siempre vamos a seguir insistiendo que en el marco de las responsabilidades que hoy tienen las instituciones entre ellas el presidente de la República, el Gobernador y los alcaldes, no están cumpliendo como tal, porque la Constitución y vamos un poco al Artículo 1, dentro de los principios fundamentales, es mantener la seguridad en el territorio, asegurar la convivencia pacífica, esa es una de las funciones que dice el Artículo 1”, cuestionó Madroñero.

Se refirió también a las garantías que se deben dar a los líderes y defensores de derechos humanos en estos territorios difíciles para visibilizar la crisis de violencia que se viene registrando y la misma sea atendida, no solo con intervención militar, sino con respuesta estatal a las necesidades de las comunidades más vulnerables.

“Nosotros vivimos en un Estado Social de Derecho y hay unas responsabilidades, hay una Fuerza Pública, hay un territorio que deben controlar, pero también hay unas administraciones que tienen hoy esa funcionalidad y nosotros lo decimos, nosotros los campesinos, los que estamos en el territorio estamos a merced realmente de ese Estado Social de Derecho y quienes están administrando hoy, el gobierno de turno son los que deben garantizar la armonía del territorio, las instituciones deben de cumplir con su funcionalidad”, destacó.

Frente al análisis que se tiene de la situación de agudización del conflicto en estos territorios, en donde en su momento hacia presencia las Farc EP, antes de la dejación de armas, destacó que hay una gran responsabilidad del Gobierno Nacional, porque según él, no se han cumplido a cabalidad con los puntos contenidos en dicho acuerdo.

“Nosotros seguimos insistiendo que el Acuerdo de Paz, tenía unos puntos donde se planteaba que el Estado debía llegar primero a los sitios donde dejaba las Farc, donde tenían su control territorial debía el Estado llegar con la Fuerza Pública, pero también debía llegar con inversión social; no llegó con la Fuerza Pública, ni tampoco ha llegado con inversión social y el Proceso de Paz realmente y ustedes lo conocen el Proceso de Paz hoy está vuelto trizas como lo planteo en su inicio el presidente Duque”, dijo Madroñero.

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