Mocoa, Putumayo. La Fiscalía General de la Nación asestó un duro golpe contra la violencia sexual en Mocoa, logrando la judicialización y el envío a prisión de dos hombres señalados de graves delitos contra menores de edad en hechos aislados. Las decisiones judiciales, obtenidas por la Seccional Putumayo de la Fiscalía, responden a denuncias conocidas desde el 2022, en el primer caso.

Los dos procesados, cuyas identidades no han sido reveladas para proteger la integridad de las víctimas, enfrentan cargos por acceso carnal violento con menor de 14 años y acto sexual violento con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. A pesar de la contundencia de las pruebas, ninguno de los implicados aceptó los cargos imputados por la fiscal del caso.

Escalofriantes Hechos en Mocoa: Abusos en Entornos de Confianza

El primer caso, ocurrido en 2022 en los barrios La Loma y Villanueva, involucra a un hombre que habría sometido a tocamientos de índole sexual a su hijastra de 10 años. Lo más alarmante es que estos abusos se habrían perpetrado durante una celebración familiar, y se repitieron cuando la menor quedaba bajo su cuidado. La Fiscalía reveló que el agresor, presuntamente, intimidó a la niña con causar daño a su familia si revelaba lo sucedido, un patrón común en este tipo de delitos que busca silenciar a las víctimas.

El segundo caso, no menos reprochable, se registró en enero de 2025 en la vereda El Pepino. Un hombre, amigo de la familia de la víctima, fue judicializado por presuntamente abusar sexualmente de una menor de 7 años. Los hechos habrían ocurrido aprovechando que la niña se encontraba al cuidado de su abuela, lo que subraya la vulnerabilidad de las víctimas cuando los agresores son personas de su círculo cercano.

Llamado a la Denuncia

Las órdenes de captura contra estos individuos fueron ejecutadas de manera efectiva gracias al trabajo conjunto de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el valioso apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional.

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto de violencia o abuso sexual. La colaboración de la comunidad es fundamental para identificar y judicializar a quienes atenten contra la integridad de los menores, garantizando así entornos seguros para las futuras generaciones.