En un contundente fallo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió por tres años a un abogado implicado en un vergonzoso esquema de corrupción que desvió recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados a la educación en el departamento de Putumayo. Además, el profesional del derecho fue multado con la misma suma de dinero que retuvo indebidamente: $47.080.860.
Un fraude de proporciones alarmantes
La investigación, que se originó tras alertas emitidas hace siete años por la Contraloría General de la República, reveló cómo servidores públicos, abogados y particulares se confabularon para desviar recursos públicos. Los involucrados utilizaron procesos fraudulentos disfrazados de pagos de salarios provisionados para docentes.
Entre los casos más graves destaca el del ahora sancionado abogado, quien, bajo el argumento de representar los intereses de un profesor supuestamente adeudado, logró que se le giraran más de $47 millones. Sin embargo, se descubrió que dicho docente no solo no había autorizado la representación, sino que además estaba privado de la libertad por abuso sexual con menor de edad.
Falsificación de documentos y complicidad
El caso también expuso graves irregularidades en los documentos utilizados para respaldar la solicitud de pago. Según el expediente, los sellos y firmas de la supuesta autenticación notarial no correspondían a los de la Notaría del Valle de Guamuez, y el beneficiario negó rotundamente haber firmado o autorizado cualquier trámite.
En su defensa, el abogado alegó haber sido víctima de un engaño por parte de una funcionaria de la Secretaría de Educación Departamental, quien, según él, lo contactó para representar a varios profesores con supuestos derechos salariales. Sin embargo, las evidencias y testimonios contradijeron esta versión, dejando en claro su participación consciente en el esquema fraudulento.
Otros pagos irregulares
Además del mencionado giro de $47 millones, el abogado recibió en su cuenta bancaria otro pago de $93.6 millones, presuntamente destinado a dos maestras que resultaron no ser docentes. Aunque aseguró haber devuelto estos fondos, el expediente disciplinario evidenció que no ocurrió lo mismo con los recursos asociados al caso del profesor detenido.
Decisión judicial
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, concluyó que el abogado actuó con pleno conocimiento de las irregularidades. «Si una persona, y en especial un profesional del derecho, recibe en su cuenta bancaria un valor de dicha magnitud sin mediar los trámites de ley, resulta evidente que los recursos son producto de un movimiento abiertamente irregular», señala el fallo.
Por tanto, el abogado fue suspendido por tres años en el ejercicio de su profesión y multado con una suma equivalente a los fondos retenidos indebidamente.
Salvamentos de voto
El fallo no estuvo exento de divergencias. Hubo salvamento de voto del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez, así como salvamento parcial de los magistrados Mauricio Rodríguez Tamayo y Julio Andrés Sampedro Arrubla. No obstante, la decisión principal reafirma el compromiso de las instituciones judiciales en la lucha contra la corrupción que afecta a sectores tan sensibles como la educación.